Salvando todas las distancias —insisto: ¡todas!—, hay algo en la última tragedia ferroviaria que nos remite al 11-M. No porque en ambos casos los trenes fueran los protagonistas, sino por la proximidad de aquel abominable atentado a la celebración de unas elecciones generales. Entonces se trató de un acontecimiento ocurrido apenas tres días antes del día electoral; ahora queda un largo mes de campaña. Pero en ambos casos estamos ante un gobierno acosado por una tragedia en la que la forma de reaccionar, de gestionarla, resulta fundamental. En 2004, el error fue la falsa y persistente imputación del atentado a ETA para evitar la posible conexión de aquel atentado con la posición de dicho Gobierno en la guerra de Irak; ahora, se ha de confrontar la responsabilidad por la sucesión de dos espantosos accidentes mortales y por las muchas dudas que estos han suscitado sobre la gestión, el mantenimiento y la inversión en lo que hasta entonces constituía uno de los logros colectivos de nuestro país, la red de alta velocidad. Seguir leyendo