El Tribunal Supremo considera que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos , genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”, lo que causaría “un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquél, toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio”. Así lo expone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en los autos que han dado lugar a la suspensión del derecho al voto de quienes han obtenido la nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Seguir leyendo