La jueza del caso FP , que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en obras de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid acometidas entre 2021 y 2023, ha ordenado digitalizar unas 30 cajas sin índice repletas de documentos de la Comunidad de Madrid que languidecían en los juzgados de Plaza de Castilla desde al menos junio ante la dificultad para consultarlas. La decisión, que debe traducirse en la creación de un CD con un índice temático que permita su consulta, refleja la complejidad de una causa que salpica al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas (a través de contratos menores) para otorgar a dedo una docena de obras que deberían haber salido a concurso público por su millonaria cuantía. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid justificó el envío en papel alegando la imposibilidad de remitir ese volumen documental a través de LexNET. Seguir leyendo