Los servicios de protección de menores de Países Bajos desestimaron durante años indebidamente las señales relacionadas con la inseguridad de los que eran acogidos en Huize Soria (Casa Soria), un centro para menores de Países Bajos con problemas de conducta, dirigido por una pareja neerlandesa y situado en Aspe (Alicante). A esta conclusión ha llegado una investigación llevada a cabo a petición de la Inspección de Sanidad y Juventud (IGJ, en sus siglas neerlandesas), que señala “presiones de grupo, intimidación, violencia física, restricciones de libertad sin fundamento y comportamientos sexuales inapropiados”, entre lo soportado por los afectados. Todo ello coincide con las declaraciones que un grupo de antiguos internos efectuó este octubre al programa de la televisión pública Nieuwsuur , que destapó los hechos. Seguir leyendo